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SOSTENIBILIDAD
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3 de Junio de 2013
Zona costera
La Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) después de su reciente aprobación por el Parlamento.
Según Federico Ramos, Secretario de Estado de Medio Ambiente, esta Ley “es un ejemplo de legislación ambiental que da respuestas a la realidad que vivimos”. Lo más importante de esta Ley, para Ramos, es que aporta soluciones a más de 500.000 ciudadanos que se vieron afectados por la anterior normativa de 1988. El Secretario de Estado ha hecho hincapié, en todo caso, que además de garantizar los derechos de las personas esta reforma normativa impide construir donde antes no se podía.
Sobre la inmediata repercusión de la aplicación de esta Ley, Ramos ha subrayado que cerca de 150.000 empleos directos y unos 2.000 millones de euros relacionados con la actividad económica de la costa dependen de esta nueva norma, que, en definitiva, trata de introducir “sentido común” en el litoral y proteger los derechos de los ciudadanos que se vieron afectados por la anterior ley.
Con esta reforma, se trata de dar también solución a un “problema social”, ya que de las 40.000 ocupaciones actuales que se encuentran en Dominio Público Marítimo Terrestre (ribera del mar y de las playas), casi un 90 por ciento se encuentra en una situación irregular. Por esta razón, Ramos ha argumentado que “la legislación medioambiental es ineficaz si no da respuesta a la realidad que vivimos”.
El Secretario de Estado ha aclarado que en la Zona de Servidumbre de Protección (la zona adyacente al dominio público) existen unas 125.000 viviendas a las que se les dará una mejor regulación, pero estos cambios en la normativa “en ningún caso van a permitir que se pueda construir donde antes no se podía”, ha insistido. Ramos, además, ha puntualizado que en esta zona sólo se autorizarán las obras necesarias para la mejora y modernización de las construcciones ya existentes, siempre que no impliquen un incremento, ni en la altura de las edificaciones, ni de su volumen. “Se prohíbe cualquier incremento de lo ya edificado”, ha enfatizado.
Respecto a la exclusión de doce núcleos costeros de la zona de Dominio Público, El Secretario de Estado ha concretado que se trata de atender a las necesidades de regulación de estos espacios habitados y consolidados, y cuya cartografía justifica las razones por las que no deben estar incluidos en el dominio público. “Hemos sido extraordinariamente rigurosos”, ha añadido, asegurando que se ha tenido en cuenta “que es compatible proteger los derechos de las personas y el litoral”.
Asimismo, entre otros puntos relevantes de la Ley, Ramos ha destacado que, por primera vez, la normativa de costas española incorpora regulaciones específicas para afrontar la lucha contra los efectos del cambio climático en el litoral. Federico Ramos ha detallado la repercusión de la Ley de Costas de 1988 en cada Comunidad Autónoma con litoral, unas cifras que revelan la situación de “limbo jurídico o de alegalidad” del 90 por ciento de las construcciones y ocupaciones existentes. “Se trata de uno de los problemas más grandes y enquistados de la Administración española, y esta reforma de la Ley va dirigida a ponerle remedio”, ha destacado.
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