27 de Julio de 2016
La Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria del Govern Balear, con la participación de instituciones y entidades representativas de las Islas Baleares en materia de RSC, han constituido Consejo de Responsabilidad Social Corporativa de las Illes Balears, como órgano consultivo.
Al acto de constitución ha asistido la presidenta del Govern, Francina Armengol, que ha indicado que la RSC supone una `tendencia transformadora´ en el modo de entender la toma de decisiones empresariales, que se está extendiendo de forma rápida por los países más avanzados, y que corresponde `al sector público liderar este cambio´.
Después de recordar que el Govern ya ha dado pasos como la introducción de cláusulas sociales a la contratación de la Administración, Armengol ha añadido que la creación del Consejo de RSC pretende ahora `orientar las políticas del Govern hacia una gestión éticamente y socialmente responsable, tanto de forma interna cómo para las empresas de las Islas Baleares´.
Constitución y funciones del Consejo
El Consejo de Responsabilidad Social Corporativa se compone de una presidencia, que recae en el conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, un vicepresidente y 19 vocales:
- 1 representante de las consellerías de Presidencia; Participación, Transparencia y Cultura; Hacienda y Administraciones Públicas y Trabajo, Comercio e Industria.
- 2 representantes por cada organización empresarial (CAEB y PIMEB).
- 2 representantes por cada organización sindical (CCOO y UGT)
- 6 representantes de organizaciones e instituciones de reconocida representatividad e interés dentro del ámbito del RSC: 3 expertos en materia de RSC (Maria Durán, Antoni Amengual y Antoni Vives) y 3 miembros más de Eticentre.
- 1 representante de la Universitat de les Illes Balears.
El principal objetivo del Consejo es fomentar la toma de decisiones desde una óptica ética y socialmente responsable, emitiendo informes periódicos y fomentando la formación en los valores propios del RSC. También fomentará la transparencia y la ética en las cuentas públicas y de las empresas, con una innovación en las formas respecto a las políticas que afectan a la gestión de las personas. Un tercer punto es el fomento del respeto hacia la sociedad, el medio ambiente y el territorio.