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SOSTENIBILIDAD
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11 de Abril de 2012
Los 145 MW eólicos instalados en las Islas Canarias, que produjeron 394 GWh en 2011, supusieron un ahorro de 30 millones de euros en el déficit tarifario, según cálculos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).
El operador del sistema, REE, realiza el despacho de generación en Canarias en base a unos costes reconocidos que son en parte fijos (en función de la potencia disponible) y en parte variables (en los que influyen factores como el precio de los combustibles). La eólica rebaja estos costes variables al desplazar del sistema tecnologías de régimen ordinario que resultan más caras. En 2011, estos costes variables fueron de 165 €/MWh. Si se resta la retribución total media de la eólica, de 87,37 €/MWh, resulta un ahorro de 77,57 €/MWh. La suma del ahorro anual es de 30 millones de euros, ya descontados los 16 millones de euros de primas, según los cálculos de AEE.
De instalarse los 600 MW previstos en la convocatoria de pre-asignación para las Islas Canarias, el ahorro representaría más de 257 millones anuales en el año 2016.
Este es un motivo más que refleja la necesidad de dar continuidad al desarrollo de la eólica en Canarias. El fundamental y más importante es el hecho de que en las islas ya resulta más barato producir electricidad con energía eólica que con fuentes convencionales. Si, como decíamos antes, la retribución media de la eólica en 2011 fue de 87,37 €/MWh, el coste promedio de la generación con Régimen Ordinario fue de 164,94 €/MWh.
La reciente aprobación del Real Decreto-Ley 1/2012, en el que se ha introducido una moratoria a los proyectos eólicos no registrados, tuvo como efecto colateral inesperado el cierre del registro para esos 600 MW en las Islas Canarias cuando, hasta la fecha sólo se habían inscrito unos 30 MW. AEE y la Asociación Eólica Canaria (AEOLICAN) consideran importante que el Gobierno de España encuentre pronto una solución para este problema y que el Ejecutivo canario pelee por ello.
El sector eólico se muestra dispuesto a colaborar con el Gobierno en el diseño de un nuevo marco regulatorio que tenga en cuenta la complicada situación económica por la que atraviesa España, a la vez que garantice la supervivencia de su industria.
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