16 de Noviembre de 2010
Por primera vez, se incorporan los conceptos de fin de la condición de residuo y de subproducto, facilitando el aprovechamiento de los recursos y suprimiendo cargas innecesarias. Además, conforme a lo que establece la legislación comunitaria, antes de 2015 se establecerá la recogida separada de los materiales procedentes de residuos, así como un objetivo para los domésticos del 50% para la reutilización y reciclado antes de 2020. También se regularán los biorresiduos con el objetivo de fomentar su reciclado y aprovechar sus recursos.
Por otra parte, se matizan aspectos relacionados con la responsabilidad de la contaminación de los suelos y el refuerzo de vigilancia, inspección y control, entre otros. Además, el nuevo texto obliga a las administraciones públicas a elaborar programas de prevención de residuos y programas de gestión en el ámbito de sus respectivas competencias.
"España genera más de 575 kilogramos al año de residuos por habitante, una cifra cercana a la media de la Unión Europea", asegura Bruno Coquelet, jefe del Área de Gestión de Residuos y Suelos Contaminados de INERCO. Por ello, "la gestión de residuos en el país constituye un reto ambiental y económico de primera necesidad", añade.
En estos momentos, la gestión está orientada al depósito en vertederos, llegando incluso a una saturación, cuando la Directiva Marco insiste en la necesidad de fomentar el reciclado y la valoración energética frente a la eliminación en vertedero. Del 55% al 65% de los residuos generados en España acaban en vertederos cuando otros países como Alemania, Países Bajos, Suecia, Austria, Dinamarca y Bélgica eliminan en vertederos menos del 5% de los residuos.
"España dispone de un Plan Nacional Integral de Residuos 2008-2015 para cumplir con la actual Ley de Residuos", explica Boquelet. "Agunas comunidades autónomas ya están preparando sus propios planes de gestión de residuos. Andalucía, por ejemplo, ya tiene publicado su Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos para 2010-2019 que, además, establece que el cumplimiento de los objetivos requiere una inversión privada del orden de 2.000 millones de euros", apunta.
Una vez traspuesta la Directiva, "el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino marca las líneas estratégicas de gestión a nivel nacional, pero la competencia y planificación corresponde a los Gobiernos de las comunidades autónomas y la recogida y tratamiento a los entes locales", explica Coquelet. "El cumplimiento de la estrategia europea implica que las comunidades autónomas den un paso hacia las actividades de valorización energética de los residuos, como la incineración que tiene un fuerte rechazo en España, y que estas acciones sean viables económicamente para el sector privado que tendrá que asumir gran parte de la inversión", añade.
El cumplimiento de la Directiva Marco, que conlleva el desarrollo del reciclaje, de la utilización de los residuos y de la valoración energética de la mayoría de los residuos que finalmente se depositan en vertederos orientará el mercado hacia actividades de gestión de residuos de mayor valor añadido, con mayor peso tecnológico. "Las oportunidades de negocio se encuentran en la construcción y mejora de las instalaciones existentes, de las plantas de transferencia, de los centros de clasificación, de las plantas de gasificación y de nuevas incineradoras", asegura Coquelet.